En La Paz, ni diálogo

Luego de 65 días de marcha y de recorrer 650 kilómetros, los representantes de distintas comunidades indígenas llegaron a la capital para exigir al gobierno de Evo Morales que dé marcha atrás en la construcción de la carretera que atraviesa la reserva ecológica del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), ubicada en el centro del país. A través de una carta, el Presidente convocó a los manifestantes a un encuentro en el Palacio Quemado. Sin embargo, el titular de la confederación que congrega a esos pueblos, Adolfo Chávez, anunció que antes se sentarse a dialogar deben reponerse de la marcha y analizar el temario de la reunión, ya que “han aumentado algunos puntos de nuestro petitorio”.

El “dialogo directo” convocado por Morales “una vez que ésta arribe a la ciudad de La Paz” tiene como finalidad “la deliberación y consensuación de sus demandas en el marco de la más amplia disposición y voluntad política”, señaló la nota que, según los funcionarios, espera una respuesta “favorable” a fin de “coordinar los aspectos metodológicos y procedimentales inherentes a la viabilización del diálogo”.

La alcaldía de La Paz controlada por el opositor Movimiento Sin Miedo (MSM), organizó la recepción de la marcha indígena que exige al gobierno de Evo Morales promulgar una ley que cancele la construcción de la carretera por la reserva del Tipnis. Los predios de la universidad pública de La Paz servirán para dar hospedaje y alimentación a unos 2 mil miembros de la marcha. “Nuestro propósito hoy es llegar hasta la plaza Murillo para ingresar a la catedral y participar de una misa porque somos católicos. Cuando partimos de Trinidad el 15 de agosto nos despidieron con una misa”, apuntó Chávez.

El momento más dramático del recorrido se vivió el 25 de septiembre por los excesos cometidos por unos 450 policías contra un millar de indígenas que descansaban en una propiedad privada cercana a Yucumo, 327 kilómetros al noreste de La Paz. La represión provocó la renuncia de la ministra de Defensa Cecilia Chacón y el ministro de Gobierno (Interior) Sacha Llorenti, además de la suspensión de dos jefes policiales.

Lo que repudian las comunidades es la autorización del gobierno a la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de 306 kilómetros, a un costo de 477 millones de dólares. De dicha suma, 332 millones eran un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y 145 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) de Bolivia.

La marcha indígena y organizaciones ecológicas piden al gobierno el cumplimiento pleno del convenio 164 de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, que tiene rango de ley en Bolivia desde 2007.

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