Jimena Hernández

A Jimena le robaron los sueños y nunca tuvo justicia

Paulo Kablan
Por Paulo Kablan

Jimena Hernández tenía 11 años cuando su cadáver fue hallado en la pileta de un colegio religioso de Caballito. Había sido abusada y asesinada. Uno a uno, los acusados fueron sobreseídos y sus padres denunciaron un “pacto de silencio”. El caso quedó impune.

A Jimena le robaron los sueños y nunca tuvo justicia

Hoy tendría 36 años. Sería profesional, empleada o ama de casa. Estaría casada o divorciada. Posiblemente iría a visitar a sus padres y les llevaría los nietos. Tal vez hubiese tenido una vida feliz. O no. Pero no tuvo la oportunidad, no se la dieron. Jimena Hernández fue abusada sexualmente y asesinada cuando apenas tenía 11 años.

Jimena es hoy una foto en blanco y negro de una nena que sonríe. Un recuerdo de uno de los casos más aberrantes ocurridos en la ciudad de Buenos Aires. Pero es, también, mucho más que una imagen que ilustra una fría crónica policial, es el símbolo de un homicidio sucedido en el seno de un colegio religioso del barrio de Caballito que, por inoperancia o complicidades, quedó totalmente impune. El viernes se cumplieron 25 años de ese horroroso hecho que conmocionó al país.

El 12 de julio de 1988 se realizó una competencia deportiva en el colegio Santa Unión de los Santísimos Corazones. Era de tarde cuando algunos docentes empezaron a buscar a Jimena, que debía estar en predio, pero les había llamado la atención que no se había presentado a competir en natación. Ella había llegado a la escuela, pero nadie sabía dónde estaba. Dijeron que la buscaron por todos lados. El rector Jorge Sobrino llamó a la Policía Federal y le avisó a la madre Norma Monfardini. Poco después de las 18, un alumno encontró el cuerpo, estaba sumergido en la piscina. Fue poco después de que terminaran las competencias.

La causa recayó en el juez de instrucción Luis Cevasco. Se tomaron declaraciones testimoniales, se hicieron algunos informes periciales y se concluyó, a los pocos meses, que había fallecido ahogada. Un trágico accidente en un colegio. Pero todo era demasiado extraño, había cosas que no cerraban. Especialmente llamaba la atención la reticencia a declarar de algunos docentes y allegados al establecimiento. Los padres de Jimena denunciaron un supuesto “pacto de silencio”. Fue el comienzo del misterio. La causa tuvo varios jueces.

Lo que dio vuelta la investigación fue una información que surgió del laboratorio de la Policía Federal. Por un lado, los pulmones de la niña no tenían agua, lo que es un indicio que permite suponer que cuando cayó, o más precisamente fue arrojada al agua, ya había fallecido. Pero hubo otro dato que fue clave: la malla que vestía la niña tenía una mancha de “fluido seminal”. Debido a que el agua tenía cloro, además del tiempo que estuvo sumergido el cadáver, no se pudieron extraer espermatozoides que hubiesen servido para identificar al violador y asesino. O sea, se supo que fue abusada, que la asfixiaron y la arrojaron a la pileta, pero no se pudo determinar claramente quién pudo haber sido el autor.

El padre de Jimena, Jorge, también pidió la intervención del FBI estadounidense. Mucho no pudieron avanzar: el ADN, que por entonces recién se comenzaba a utilizar en causas penales con asistencia de los EE.UU., no se pudo encontrar. Sí fueron indagados, por distintos grados de responsabilidades, un profesor de natación, un guardavidas, docentes y hasta el mismo rector del colegio.

Es más, hubo una declaración que indicaba que dos profesores habían sido vistos marchando en dirección a la pileta llevando un bulto sospechoso. También hubo acusados de encubrimiento.

Con el correr de los meses, había una certeza en la causa: el cadáver de Jimena había sido “plantado” en la pileta. Después, eran decenas las preguntas que no tenían respuestas. Con el paso del tiempo, uno a uno los acusados fueron sobreseídos. También, en medio de la investigación se mencionó la posibilidad de que la nena hubiese visto un supuesto tráfico de drogas, pero esa versión tampoco arribó a resultado alguno.

El juez Mauricio Zamudio fue el último responsable que tuvo la investigación. Fue el que mencionó, en una resolución, el supuesto “pacto de silencio”. Pero no se lograron mayores avances y con el correr de los años, la causa fue quedando en el olvido. Finalmente se cerró por el paso del tiempo.

El último golpe, y mortal, que tuvo el expediente Hernández fue en el año 2007. En rigor, fue un intento desesperado de la familia para evitar el cierre definitivo de la causa. Norma, la madre, había llegado a la Corte de la Nación para plantear, a través de su abogado, que el caso de su hija fuese considerado un delito de “lesa humanidad”, con lo que sería declarado imprescriptible y se pudiera seguir investigando.

En el planteo a la Corte se pretendía que el caso fuese equiparado al de Walter Bullacio, el muchacho que murió en una comisaría de la Policía Federal donde había sido trasladado demorado previo a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el estadio de Obras Sanitarias.

La Corte, con la firma del presidente, Ricardo Lorenzetti, y de los ministros Fayt, Petracchi, Maqueda y Argibay, llegó a la misma conclusión que la Cámara Nacional de Apelaciones: no fue un crimen de lesa humanidad. Y por el paso del tiempo, la causa prescribió.

A 25 años de ese horroroso asesinato sólo queda, como compromiso de lucha contra la impunidad, la memoria para no olvidar a una niña inocente que no tuvo justicia.

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